Es indudable que el acceso a mercado es un tema central para las Empresas de Menor Tamaño (EMT), puede ser estéril invertir recursos en corregir deficiencias institucionales, fallas de Estado en el diseño del sistema de capacitación, o fallas de mercado en el financiamiento, entre otros, si las EMT siguen empeorando sus condiciones de acceso al mercado.

A pesar que no hay coincidencia en las cifras se puede estimar que la participación de las EMT en el empleo se ha mantenido en torno al 70%  en los últimos 10 años %. En ese mismo periodo su participación en el PIB ha bajado de 33% a 15%. En ese lapso el Estado ha duplicado los recursos que invierte en fomento productivo.

En todos los países desarrollados la brecha entre participación en el empleo y participación en el PIB de las EMT no sobrepasa del 20% y tiende a disminuir, en Chile esa brecha aumenta. Parte de esa realidad declinante se debe a la apertura comercial, a una institucionalidad deficiente, a instrumentos construidos voluntaristamente, sin antecedentes sólidos de base y sin evaluación de resultados e impacto adecuada.

Otra parte se debe a ineficiencias de gestión propias de muchas EMT; sin embargo la situación menoscabada de las EMT en el mercado es también una resultante de la falta de transparencia en el mercado de compra y venta de productos, servicios e insumos.

Las principales fallas

El mercado, para funcionar de manera eficiente en la asignación de recursos, requiere que los agentes individuales tomen sus mejores decisiones de compra y venta en forma libre y a partir de información transparente.

Hay suficiente evidencia que muchas veces esto no está ocurriendo en la economía chilena. Miles de oferentes y demandantes no están siendo capaces de tomar racionalmente decisiones porque no tienen acceso a la información necesaria para que el mercado funcione y así el conjunto de las decisiones individuales lleven a la economía a su óptimo.

Por ejemplo algunos pequeños y no tan pequeños proveedores son obligados por los grandes compradores, quienes utilizan su posición dominante, a aceptar -post entrega del producto/servicio- condiciones de venta no pactadas inicialmente: i.e. el plazo real de pago, los descuentos aplicados por mermas y robo, los cargos por operación de bodegas o centralización de despacho, la tasa de rappel que les será aplicada, el aporte que deben hacer a las campañas publicitarias no consultadas, o el plazo límite de devolución de mercaderías.

Si todos estos descuentos, que finalmente se transforman en menores ingresos para el proveedor, fuesen conocidos por este antes de cerrar el trato podría tomar una decisión racional de venta; sin embargo en muchos casos no ocurre así.; las nuevas condiciones así impuestas suelen cambiar la evaluación del negocio. Por ende ese vendedor no dispuso de la información necesaria para tomar una decisión racional; ese hecho limita la capacidad del mercado para se un buen asignador de recursos.

Otra cosa similar ocurre en relación a la compra de servicios e insumos y productos en general. Nadie puede desconocer la eficiencia que producen las economías de escala. A mayor volumen, el precio al que se debería acceder es menor; sin embargo los descuentos que consiguen los grandes compradores en múltiples oportunidades no tienen que ver con eficiencias nacidas en el mayor volumen de compra, sino porque el gran comprador obliga al proveedor a darle un precio exclusivo por debajo del precio al que le vendió a otros competidores, so amenaza de dejar a ese proveedor fuera de una importante parte del mercado; el precio así definido, ya no responde a economías de escala sino a abuso de posición dominante.

La resultante de estas malas prácticas es que cientos de pequeños productores y distribuidores quedan fuera del negocio, no por razón de sus propias ineficiencias, sino porque se ha creado una diferencia artificial de costos que perjudica a las EMT y que es imposible remontar proveyendo a la vez un producto o servicio de calidad. Esta situación, sería irrelevante si los mercados de insumos, servicios y factores estuviesen altamente desconcentrados, ya que ningún oferente o demandante podría abusar de posición dominante; pero sabemos que en Chile ese no es el caso en buena parte de los mercados.

Algunos argumentarán que esta situación, desventajosa para los pequeños proveedores y compradores y distribuidores genera beneficios para el consumidor debido a que una mayor concentración del mercado permite eficiencias que se traducen en menores precios a los consumidores finales; sin embargo hay estudios que demuestran lo contrario; que en aquellas ciudades donde irrumpen las grandes superficies el menor precio al consumidor sólo se da en su primer año de instalación, lo que provoca la salida de los pequeños competidores locales; un año después los precios se establecen en un nivel superior al anterior a la irrupción de las grandes superficies en las ciudades. Por lo tanto el argumento de que mayor concentración va aparejada de menores precios al consumidor no es válido.

La ley del consumidor establece la obligatoriedad para el comercio detallista de informar los precios aunque hay sectores industriales, como las farmacias, que no cumplen con la ley. No están claras las conveniencias de eximir de esta obligatoriedad a los comerciantes intermedios y mayoristas, liberándolos de informar los precios y condiciones de ventas asociadas a los distintos volúmenes. Si esta información estuviese disponible en el mercado será más fácil para los competidores más pequeños evaluar los beneficios de la asociatividad al comprar y a su vez se incentiva el desarrollo de un mercado de empresas especializadas en intermediar en compras y ventas de pequeños compradores y proveedores, cooperando a su vez en una mayor transparencia de mercado.

No se puede ignorar que el diagnóstico presentado no es inocuo a la concepción que se tenga del rol del mercado (más darwinista o más social), de la equidad, de la concentración económica y de la distribución del ingreso en la sociedad. Ignorar que detrás de estos problemas hay posturas y doctrinas económicas, políticas, sociales y morales no sirve a la solución de los mismos. El problema planteado es complejo y no resiste soluciones fáciles. Por ello es importante conocer la opinión que el gobierno, los partidos políticos de gobierno y de oposición, los gremios y la sociedad civil tienen sobre él y buscar los consensos posibles con una mirada de largo plazo y de Estado.





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