Al final las porfiadas cifras se impusieron y el país comienza a darse cuenta de la importancia de la pequeña empresa en términos de empleo, de innovación, de distribución del ingreso, de calidad de vida, en fin para un desarrollo sustentable como nación.
Lo penoso es que la importancia de las empresas pequeñas siempre ha sido la misma, sin embargo la gran mayoría de la ”inteligencia” nacional decidió ignorarla durante décadas.
Ojalá esta esperanzadora importancia que hoy le dan todos los sectores políticos no llegue demasiado tarde a una forma de hacer empresas que representa el 80% del empleo privado, pero sólo aporta un deslucido 15% del PIB.
Esta relación entre empleo y aporte al PIB da pruebas de una baja competitividad de la mayoría de las empresas pequeñas que puede poner en riesgo el desarrollo nacional en el mediano y largo plazo. Es difícil descubrir como el país podría volver a recuperar tasas de crecimiento económico del 6-7% anual, si quienes laboran en pequeñas empresas, tienen una productividad en ventas 14 veces inferior a los trabajadores de la gran empresa.
La pequeña empresa y la seguridad fueron dos de los temas de mayor consenso entre los distintos candidatos presidenciales; incluso todos ellos acordaron firmar un “Pacto Pyme”, es decir un conjunto de medidas que estaban dispuestos a aplicar si fuesen elegidos. No obstante, después de ese sorprendente acuerdo es necesario bajar los titulares de las propuestas a instrumentos concretos. Para ello se hace indispensable conocer el sujeto de esta preocupación compartida, el tipo de apoyo que se les quiere brindar, y los resultados esperados una vez implementados los programas y desembolsados los recursos públicos, es decir, como se quiere medir el impacto de la inversión que la sociedad haga en el sector.
A pesar de la importancia del sector la mayor parte de la opinión pública, en especial los tomadores de decisiones del sector público y privado desconocen las realidades, normalmente muy heterogéneas, que se esconden detrás de las siglas Pyme, Pequeña y Mediana Empresa, Mipe, Micro y pequeña empresa o Mipyme, que las engloba a todas ellas.
Posiblemente esta falta de información ha llevado a los diseñadores de instrumentos de política pública y a los legisladores, independientemente de su color político, a legislar para las empresas, como si todas fueran iguales y en particular como si todas fueran grandes.
Varios años después, nos damos cuenta que los distintos tamaños de empresa no reaccionan igual frente a los distintos instrumentos y se comienza un trasnochado proceso por corregir las normas mal diseñadas. Esto se repite en leyes y normas tributarias, municipales, de capacitación, laborales, ambientales, financieras, etc.
El Estatuto para las empresas de menor tamaño, en discusión en el Congreso, debiera ser un primer paso para que en lo sucesivo quienes diseñen políticas públicas tengan en cuenta que la ley pareja, cuando se refiere a las empresas, muchas veces es injusta.
Lo penoso es que la importancia de las empresas pequeñas siempre ha sido la misma, sin embargo la gran mayoría de la ”inteligencia” nacional decidió ignorarla durante décadas.Ojalá esta esperanzadora importancia que hoy le dan todos los sectores políticos no llegue demasiado tarde a una forma de hacer empresas que representa el 80% del empleo privado, pero sólo aporta un deslucido 15% del PIB.
Esta relación entre empleo y aporte al PIB da pruebas de una baja competitividad de la mayoría de las empresas pequeñas que puede poner en riesgo el desarrollo nacional en el mediano y largo plazo. Es difícil descubrir como el país podría volver a recuperar tasas de crecimiento económico del 6-7% anual, si quienes laboran en pequeñas empresas, tienen una productividad en ventas 14 veces inferior a los trabajadores de la gran empresa.
La pequeña empresa y la seguridad fueron dos de los temas de mayor consenso entre los distintos candidatos presidenciales; incluso todos ellos acordaron firmar un “Pacto Pyme”, es decir un conjunto de medidas que estaban dispuestos a aplicar si fuesen elegidos. No obstante, después de ese sorprendente acuerdo es necesario bajar los titulares de las propuestas a instrumentos concretos. Para ello se hace indispensable conocer el sujeto de esta preocupación compartida, el tipo de apoyo que se les quiere brindar, y los resultados esperados una vez implementados los programas y desembolsados los recursos públicos, es decir, como se quiere medir el impacto de la inversión que la sociedad haga en el sector.
A pesar de la importancia del sector la mayor parte de la opinión pública, en especial los tomadores de decisiones del sector público y privado desconocen las realidades, normalmente muy heterogéneas, que se esconden detrás de las siglas Pyme, Pequeña y Mediana Empresa, Mipe, Micro y pequeña empresa o Mipyme, que las engloba a todas ellas.
Posiblemente esta falta de información ha llevado a los diseñadores de instrumentos de política pública y a los legisladores, independientemente de su color político, a legislar para las empresas, como si todas fueran iguales y en particular como si todas fueran grandes.
Varios años después, nos damos cuenta que los distintos tamaños de empresa no reaccionan igual frente a los distintos instrumentos y se comienza un trasnochado proceso por corregir las normas mal diseñadas. Esto se repite en leyes y normas tributarias, municipales, de capacitación, laborales, ambientales, financieras, etc.
El Estatuto para las empresas de menor tamaño, en discusión en el Congreso, debiera ser un primer paso para que en lo sucesivo quienes diseñen políticas públicas tengan en cuenta que la ley pareja, cuando se refiere a las empresas, muchas veces es injusta.
