Las medidas pro Pyme que se debaten en el Consejo de Equidad

La Comisión que encabeza Patricio Meller, plantea una división en dos grupos: microempresas de supervivencias, micro y pequeñas. Las medianas fueron apartadas, ya que a juicio de los profesionales, sus problemas no son prioritarios desde el punto de vista de la equidad.

 

 

 Durante esta semana el Consejo Asesor Presidencial de Trabajo y Equidad se reunirá en privado y en zona neutral para afinar los últimos detalles de las propuestas que contendrá el informe final que será presentado a la Presidenta Michelle Bachelet.

Entre esas medidas están los temas referentes a: indemnizaciones, intermediación laboral, capacitación y otras nueve materias importantes para reducir la inequidad laboral en el país. Los que no estarán en el informe final -según informaciones de prensa- porque no encontraron acuerdo dentro del consejo, son el bullado sueldo ético y la negociación colectiva.

Si bien en esta reunión, a puertas cerradas,  se votarán las conclusiones finales, el Gobierno tendrá la última palabra.

Consejo y las Pyme

Mario Astorga, director ejecutivo del Centro de Investigaciones de Políticas Públicas para la Pyme, CiPyme (www.cipyme.cl) y miembro de la comisión para micro y pequeñas empresas del Consejo, adelantó a DiarioPyme algunas de las propuestas relacionadas con las empresas de menor tamaño presentadas a la entidad, las cuales serán votadas en el retiro de esta semana.

En relación a las microempresas de sobrevivencia, explica Astorga, se presentaron iniciativas referidas al desarrollo de la industria de las microfinanzas, a la pre-formalización y al acceso a mercados a través de ferias territoriales permanentes. Todo forma parte de un set integrado de propuestas, “no constituyen medidas independientes”, aclaró el director ejecutivo del centro de estudios.

Astorga explicó que “se dejó de lado la mediana empresa, ya que ésta tiene otro tipo de problemas, cuya solución no es prioritaria desde el punto de vista de la equidad”.

Con respecto a las micro y pequeñas empresas formales, “no se ha priorizado agregar nuevas medidas aisladas a los instrumentos y programas de apoyo a la micro y pequeñas empresas que hoy existen, que al parecer son más de 200”, comentó.

Lo sustantivo en la propuesta para el sector de las empresas de menor tamaño es el establecimiento de la política de Estado Integral para la micro y pequeña empresa, basada en cuatro pilares: nueva institucionalidad para estas firmas, acceso al financiamiento, a mercados y a capital humano calificado: trabajadores, empresarios y asesores-consultores.

Mario Astorga es claro en precisar en que éstas son propuestas presentadas, aún no aprobadas por el Consejo. “Todas, al igual que las que se han dado a conocer en la prensa, pueden sufrir grandes modificaciones o ser rechazadas o aprobadas en el retiro de este jueves y viernes”.

Por la equidad laboral

Han sido siete meses de arduo trabajo. Muchos de los cuales los miembros del Consejo se los han pasado buscando el consenso en temas tan controvertidos como la negociación colectiva, el que finalmente no llegó.

Aparte de las medidas presentadas para las empresas de menor tamaño, hay otras que buscan regular la relación empleado-empleador, así como acceso de mujeres y jóvenes al mercado laboral.

Entre estas iniciativas, y que producirá una “gran revolución” según informaciones de prensa, es la solución propuesta para que el sector privado cumpla con las indemnizaciones para los trabajadores que abandonan la empresa. Según declaraciones de miembros del Consejo a los medios de comunicación, “esta materia será más progresista de lo que se espera”.

También se propone ampliar el seguro de cesantía, el que eliminará o flexibilizará algunas restricciones para obtenerlo, como la condición de tener doce cotizaciones mensuales, las que se reducirán para garantizar una mayor cobertura a los trabajadores.

Mejorar la gestión de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral también será un tema importante. Se dará énfasis en fomentar el emprendimiento, la capacitación juvenil y la creación de microcréditos.

Además se plantea el fortalecer y profesionalizar la Dirección del Trabajo y establecer la figura del defensor laboral que respalde a los trabajadores en juicio, además de limitar las razones sociales de algunas empresas a través de éste servicio público o de un panel de expertos.

Después de solicitar una prórroga para la redacción del informe final, éste deberá ser entregado después del 1 de mayo y antes de 21, fechas en que, tradicionalmente, los trabajadores del país reclaman por sus derechos.