Conupia afirma que ministro Velasco “no ve la realidad”

Conupia –que es una de las cuatro ramas de la Conapyme- pone nuevamente sobre la mesa sus propuestas, las que consideran realmente impulsarán la reactivación del sector Pyme.

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El Gobierno se equivoca en la forma de ver la realidad. Especialmente, cuando fija la mirada en las Pyme y cree ver que el problema del sector está en la inversión".

Esta es una de las frases que la Conupia usa para insistir con su crítica a la falta de apoyo real que el Ejecutivo, y en particular el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, tiene hacia las empresas de menor tamaño, polémica que comenzó con el lanzamiento del polémico Plan Chile Invierte y que esta semana revivió con la votación en el Senado de su medida más importante: la depreciación acelerada.

Mediante una carta abierta dirigida al jefe de las finanzas públicas, el gremio -que preside Iván Vuskovic- recordó que aunque con distintos argumentos y objetivos, una mayoría de senadores se opuso al proyecto, condicionando la votación al diseño de beneficios concretos para las empresas de menor tamaño, tomando en cuenta las propuestas de los gremios, tendientes a resolver los problemas del sector.

En su mensaje, la entidad asegura que las políticas impulsadas por la actual administración no incluyen a todo el sector, ya que por ejemplo, la Simplificación Tributaria contempla que las empresas que vendan poco menos de $ 98 millones anuales deprecian activos inmediatamente, es decir, pueden hacerlo las microempresas y parte de las pequeñas unidades.

Agregan que de acuerdo a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) a diciembre de 2004, existían en Chile 688.733 micro, pequeñas y medianas empresas. Si descontamos las 570.544 microempresas del punto anterior, quedan unas 118 mil pequeñas o medianas, de las cuales menos de la mitad se ubica dentro del rango señalado en la Ley de Simplificación Tributaria. Por lo tanto, serían no más de 60 mil las firmas, es decir, un escaso 8%, las que pueden beneficiarse.

A ello suman que, de acuerdo a la información de la Operación Renta de 2005, éstas empresas no tienen utilidades, por lo tanto no pueden descontar impuestos ya que no pagan, y no les interesa seguir acumulando pérdidas en sus contabilidades, que además les dificulta mucho el acceso a créditos ó a la renegociación de los mismos.

"Las Pyme no disponen de liquidez para comprar activos fijos. Estudios recientes derivados de la encuesta que conjuntamente con CiPyme hace Conupia, demuestran que la falta de liquidez es uno de los principales problemas de la Pyme", apunta el documento.

Además, postulan que aún cuando fuera posible que estas empresas tuviesen utilidades y dispusieran de la liquidez para comprar activos, acogiéndose a la franquicia propuesta, carecerían de las espaldas financieras suficientes para esperar hasta la Operación Renta de 2008 y recuperar el dinero invertido, mediante créditos sobre sus impuestos.

"Cómo vemos, una vez más el ministro (Velasco) equivoca el diagnostico de la realidad de las empresas chilenas. Y, en consecuencia, no puede, seriamente, señalarse que la depreciación acelerada de la compra de activos es una medida resuelta a partir y en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas de Chile", critica el texto.

Propuestas

En este punto, la Conupia –que es una de las cuatro ramas de la Conapyme- pone nuevamente sobre la mesa sus propuestas, las que consideran realmente impulsarán la reactivación del sector Pyme.

En primer término señalan que el proyecto debe replantearse considerando fijar un techo de 100 mil UF en ventas sumadas en las operaciones renta 2006 y 2007, con lo cual se abarca a todas las Mipyme, sin consideraciones jurídicas en cuanto a su estructura.

La permanencia de la medida es otra de las solicitudes del gremio. "Y si de verdad estamos convencidos, agreguemos en la Ley que estas mismas empresas quedan liberadas y exentas de seguir pagando el impuesto de timbres y estampillas en los créditos que solicitan, con un techo de $ 50 millones. El costo de lo anterior no sería de más de US$ 100 millones. Y con los otros $ 400 millones avancemos en la solución de la deuda previsional y tributaria", demandan.

Finaliza la carta con un enfático "cómo lo hemos venido señalando insistentemente, es necesario escuchar a la voz de la gente, más todavía en un gobierno autodeclarado cómo ‘ciudadano’".