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En abril de este año, el Senado aprobó la ley de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). La normativa, que dos meses después fue promulgada, entrega una oportunidad de independencia para las Pyme. Esto por la posibilidad que tienen los empresarios de administrar las garantías de su financiamiento, además, las tasaciones no la harán los bancos, si no que las mismas sociedades.
Cuando la normativa era sólo una idea, el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, aseguró que con esta nueva modalidad de trabajo el acceso al financiamiento para las pequeñas empresas bajará considerablemente. "Esperamos que caiga anualmente en torno al 3%", dijo en su momento.
Han pasado casi cinco meses desde que se despachó la iniciativa legal, sin embargo, aún no se ha establecido ninguna SGR. Paradójicamente, la razón parece ser la misma que provocó su implementación: el difícil acceso al financiamiento.
Según lo establecido en la ley, el capital mínimo para crear una de estas entidades es de 10 mil Unidades de Fomento (UF), es decir, unos $ 193 millones. Para Rodrigo González, diputado PPD y presidente de la comisión Pyme, esta suma, la cual debe mantenerse como piso mínimo, es muy alta. "Así sólo podrán acceder las medianas empresas que ya están consolidadas en el mercado", dijo, agregando que "muchos parlamentarios oficialistas insistieron en este mínimo".
Misma opinión tiene el presidente de la Conupia, Iván Vuskovic. Aseguró que a pesar de ser una buena idea, de nada sirve sin respaldo económico. "Hasta el momento la Corfo no ha dado señales claras de ayuda", afirmó.
Es precisamente Corfo la encargada de respaldar la creación de estas sociedades, así se estableció en el programa Chile Emprende Contigo. En la estatal, aseguraron que sí están trabajando en el tema. "No sólo apoyamos la conformación, sino también segmentamos por tamaños a las firmas que deseen hacerlo, ya que este punto es prioritario para las Pyme", dijo una fuente, insistiendo además en que "apoyarán en hasta un 50% los costos de traslado desde las instituciones financieras- por ejemplo los bancos- a las SGR".
Otro actor importante son las cooperativas. En abril el gerente general de Libercoop, aseguró que "sea cuál sea el escenario y el rol que cumpla el Estado, nosotros somos los indicados para trabajar en este proyecto".
No obstante, según el gerente comercial de la también cooperativa de ahorro y crédito Coopeuch, Alejandro Ramírez, su entidad no está capacitada para esta labor. "No podemos administrar una garantía para luego prestar los mismos bienes", sostuvo.
Lo que si se puede hacer es que una cooperativa- de vivienda por ejemplo- comience con una SGR, luego se podrá asesorar con una de ahorro y crédito, principalmente, para no bajar del tope de $193 millones, sin duda, una ardua tarea muy difícil de concretar.