El gobierno argentino firmó un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del que recibirán US$242 millones que serán destinados a obras de fomento de microempresas y mejoras del medio ambiente.
Antes de la firma del convenio, los ministros de Economía y Planificación, Miguel Peirano y Julio De Vido, respectivamente, se reunieron con el presidente de la entidad crediticia, Luis Moreno, para lograr una actualización del programa financiero que actualmente tiene Argentina con el BID.
El actual gobierno quiere dar un impulso al sector productivo a través de la creación de una entidad de fomento. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), de propiedad estatal, será el encargado de gestionar el impulso al sector de la pequeña empresa.
Con este nuevo crédito, se pretende mejorar el acceso de las Pyme al financiamiento y mejorar la competitividad en la micro, pequeña y mediana empresa, para los que se tienen contemplados US$50 millones.
Según la agencia de noticias Argentinas, habrá dos clases de subsidios directo para las Pyme, los que variarán entre los $ 15 millones de pesos chilenos, hasta casi $50 millones, dependiendo de la dimensión de la firma.
Entre los programas de desarrollo acordados con el BID, se destaca el destinado a la ejecución de proyectos ambientales, que será dividido en dos subprogramas y que demandará una inversión total de US$40 millones.
Una parte de los créditos estará orientada a financiar un programa de gestión de residuos sólidos urbanos en municipios turísticos, para la gestión ambiental en el sector productivo, y para el desarrollo de un programa multisectorial de preinversión.
Uno de estos subprogramas será ejecutado por la Secretaría de Medio Ambiente e implicará el desembolso de unos US$20 millones para subsidios a las Pyme que entrarán en un plan de reconversión ambiental, en su mayoría a de la cuenca Matanza-Riachuelo.
El segundo, atenderá al fortalecimiento de la gestión ambiental minera, y se centrará en la recuperación de áreas degradadas por la actividad minera y el financiamiento de estudios geo-ambientales en áreas de interés minero.
