La disconformidad Pyme frente a la nueva justicia laboral

Empresarios argumentan que el sistema fue hecho sólo para los trabajadores y que no existen las condiciones para presentarse de igual a igual ante los tribunales. Hasta el momento no hay asesoría legal para los más pequeños.

• Pequeños "abandonados"
• Desconfianza generalizada
• El líder de los empresarios
• Respuesta inmediata

El 31 de marzo pasado comenzó la primera etapa de la nueva justicia laboral en las regiones de Atacama y Magallanes. Ya han pasado 8 meses y aunque las autoridades afirman que todo marcha bien, los empresarios opinan lo contrario.

A fines de octubre comenzó la segunda parte de este sistema laboral en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso y Los Ríos.

La reforma prometió brindar igualdad de derechos y oportunidades a ambas partes involucradas. Además de terminar con los eternos procesos judiciales y dar acceso a la justicia, mediante defensores laborales, a los trabajadores con escasos recursos.

Pequeños “abandonados”
Si bien en un principio los gremios reconocían que sabían poco acerca de este nuevo proceso judicial, hoy todos están concientes de sus derechos y obligaciones, pero tanto en Atacama como en Magallanes los empresarios opinan que esta justicia no se hizo para ellos, sino sólo para los trabajadores.

Así por lo menos lo siente Carlos Nicolás, empresario de Copiapó y presidente de la Corporación para el Desarrollo de Atacama (Corproa). “La nueva justicia laboral es excesivamente garantista hacia los trabajadores y deja al empleador en absoluta desprotección”, dice molesto Nicolás.

Este empresario habla desde su experiencia y cuenta que uno de sus ex empleados cayó en falta grave al contrato establecido por escrito, sin embargo, el juez falló a favor de éste. “¿Justicia laboral? Diría que desde ese punto de vista no existe. El empleador paga si o si, hay un desequilibrio absoluto”.

Corproa agrupa a empresas medianas y grandes de la Tercera Región, pero la sensación de abandono se repite entre los más pequeños de todo el país y con mucha más fuerza. Así lo expresa Hilda Gómez, microempresaria de Punta Arenas y dirigente de la Conupia.

“El trabajador tiene derecho a un abogado, pero nosotros como microempresarios no. Hasta los delincuentes tienen quien los defienda. Cada vez estamos más desprovisto y desprotegidos”, dice Gómez en nombre de sus colegas empresarios.

Desconfianza generalizada
Si a estos empresarios los separa la distancia, los une su sentimiento de descontento con esta nueva justicia laboral que las autoridades presentaron como la solución a todos los problemas. Además denuncian que los encargados no recogen sus requerimientos y que sólo se preocupan del bienestar de una de las partes.

“¿A quien le vamos a presentar nuestras quejas? Para la Dirección del Trabajo el empleador es un delincuente. En cuanto a las apelaciones, en la mayoría de los casos no dan admisibilidad a los recursos interpuestos y ratifican los fallos en primera instancia”, cuenta Nicolás y agrega que “cómo empleador el consejo es evitar llegar a los tribunales porque van a perder, no hay ninguna posibilidad de ganar”.

Por su parte, Gómez reclama que las autoridades no recogen sus demandas y sólo contestan que las van a estudiar, “la verdad es que nadie asume. Es necesaria una modificación del sistema porque nos perjudica”.

Añade que estas dificultades laborales y judiciales lo único que logran es incentivar la informalidad entre los microempresarios y la competencia desleal.

“Hay mucha gente que no quiere regularizar su actividad al ver estas leyes que cada día ponen más trabas para el crecimiento, y así no se compite en igualdad de condiciones, perjudicándonos a todos”, reflexiona Gómez.

El líder de los empresarios
Alfredo Ovalle, presidente de la Confederación del Comercio y la Producción (CPC), en una exposición sobre la reforma laboral en la Universidad Mayor, se hizo cargo de los requerimientos de los empresarios de las zonas en que ya está funcionando este sistema y se los hizo ver al ministro de Trabajo, Osvaldo Andrade, también presente en el encuentro.

Para Ovalle hay varios puntos sin resolver. Uno de ellos es lo que este empresario y abogado considera una arbitrariedad en la audiencia. “Me preocupa que en el caso del procedimiento monitorio (proceso diseñado para las causas con cuantía no superior a los 10 ingresos mínimos mensuales), el juez de letras del Trabajo pueda acoger o rechazar de plano la demanda sin escuchar a las partes”, expuso.

Agregó que este tema adquiere relevancia considerando que el procedimiento de monitoreo es uno de los más utilizados en lo que va de la implementación de la nueva justicia laboral, lo que hace necesario su revisión.

El presidente de la CPC también hizo mención a la marcada diferencia entre los beneficios para los trabajadores de escasos recursos y los empleadores.

“Nos preocupa que no se haya tenido en cuenta aún, la debilitada situación en que se encuentran las micro y pequeñas empresas para acceder a una defensa judicial profesional adecuada”, dijo el dirigente.

Agregó que las cifras indican que el 90% de los procesos donde ha participado la defensoría laboral en las regiones de Atacama y Magallanes, son ganados por los trabajadores.

Por ultimo abogó por una Corte de Apelaciones especializada en temas laborales y valoró el trabajo conjunto que se realiza entre el sector público y privado, aunque subrayó que los puntos señalados son importantes de solucionar.

Respuesta inmediata
El ministro de Trabajo, Osvaldo Andrade también estuvo presente en el encuentro y conoció de primera fuente las inquietudes de los empresarios transmitidas por Ovalle.

“Según la información que manejo, casi la mitad de los casos en que ha habido controversia en Atacama y Magallanes, el sector empleador ha llegado con abogado, por lo que la necesidad de una asesoría gratuita no ha sido necesaria”, dijo Andrade, añadiendo que de igual forma recogerán las inquietudes del sector empresarial.

En cuanto a la bilateralidad de los casos, el secretario de Estado aseguró que los jueces se han dado el trabajo de llamar a audiencias para escuchar a ambas partes que emanan del procedimiento monitorio de la Dirección del Trabajo.

Añadió que la Presidenta Michelle Bachelet ya se comprometió a instalar una sala especializada en materias laborales en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Claramente la visión que tienen las autoridades con respecto al funcionamiento del nuevo sistema judicial dista mucho de la realidad vivida por los empresarios. ¿Quién tiene la razón?, sólo usted puede decidirlo. Comente esta noticia en ClubPyme de Facebook.