El tema pendiente del pago a 30 días en instituciones públicas

Pese a que existe un instructivo presidencial al respecto hace dos años, no cambia la relación entre las Pyme y los compradores estatales. Las mayores fallas se dan en municipios y sector salud.

• Compromiso sin cumplir
• Los efectos de la demora

La semana pasada, el Estado anunció más recursos para dar liquidez a las Pyme mediante instituciones financieras, como BancoEstado, y mayores subsidios para que la clase media pueda acceder a viviendas, incluso en tiempos de crisis.

Sin embargo, a juicio de los gremios y los propios empresarios, quedó fuera un tema igual de importante, y que muchas veces es condicionante de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, el pago a 30 días de las empresas estatales a sus proveedores.

Compromiso sin cumplir
Desde el 1 de julio del 2006 que rige el instructivo presidencial que obliga a los ministerios a pagar sus compras dentro de este periodo. La única excepción es el Ministerio de Salud, el que posee 60 días para cancelar sus compras.

Según se indica en el texto, que reúne los logros del primer año de la Presidenta Michelle Bachelet, esta modalidad permite reducir el costo financiero de las micro y pequeñas empresa en unos US$7 millones.

Sin embargo, en agosto de 2007, ChileCompra, el organismo encargado de canalizar las compras públicas, reconoció que existían alrededor de 200 dependencias, especialmente en las áreas de salud y municipios, que no cancelan a tiempo a sus proveedores.

Iván Vuskovic, presidente de la Conapyme, cree que solucionando el tema de los pagos, se aliviaría a muchas pequeñas empresas que ven retenidos sus flujos de trabajo producto del no pago de las facturas.

“Sería una señal muy potente que el Estado diera el ejemplo y pagara a 30 días e incluso menos. Todo el mundo sabe que cuando las empresas estatales compran lo hacen con dineros asignados con anticipación, el pago es solamente un tema administrativo”, señala el dirigente.

Añade que esta es una forma concreta de ayudar a reactivar el sector Pyme, y más aún frente a los tiempos difíciles que se avecinan.

Los efectos de la demora
Jorge Nieto es gerente comercial de Sasf Ltda., empresa importadora, fabricante y comercializadora de artículos de salud, cuenta que tiene 200 clientes, de los cuales un 70% son hospitales públicos, es decir, “un 70% de mis problemas”, explica Nieto.

Este empresario informa que el sistema público le debe entre 50 y 60 millones de pesos, y que cada día se le hace más difícil mantener la producción de su empresa.

“Producto de esta situación tengo problemas financieros, tengo una rentabilidad baja y las instituciones financieras no quieren prestarme dinero. Mi riesgo de quiebra aumenta, al igual que la posibilidad de dejar mi sueño”, cuenta Nieto enojado con el sistema.

Esta empresa colabora con la sociedad trabajando en conjunto con una escuela diferencial, dando trabajo a personas con discapacidades mentales, a los que se les paga un sueldo todos los meses.

Nieto cuenta que con problemas de liquidez estas personas son las primeras a las que tendrá que despedir.

“He enviado cartas a todos lados, al ministerio, a la presidencia, pero sólo recibo respuestas políticas, nada concreto. Doy trabajo a 47 familias que ahora ven peligrar su fuente laboral”, cuenta afligido este pequeño empresario.

Este es una bandera de lucha de las pequeñas empresas que ven en las ventas públicas una buena fuente de negocio, encontrándose con otra realidad a la hora de los pagos. Un tema pendiente para las autoridades.

Cuéntenos su experiencia en nuestro ClubPyme en Facebook.