El estado de los pagos a 30 días
Los empresarios indican que no han funcionado y que es necesario una legislación que obligue definitivamente a las grandes empresas y al Estado, a respetar los plazos de pago.
A mediados del año 2008, dos grandes cadenas comerciales del retail fijaron acuerdos o protocolos en que se comprometían a pagarles a sus proveedores en 30 días, ayudando así a las pequeñas empresas que los abastecen.
Primero fue Falabella quien en junio lanzó el “Programa de Apoyo a Proveedores Pyme Falabella”. El plan se lleva a cabo a través del cumplimiento, precisamente, de que los pagos a las pequeñas firmas se realicen antes de un mes.
Además la empresa se compromete a eliminar los costos de despacho centralizado, a realizar una feria para atraer nuevos proveedores, establecer un documento donde se establezcan los deberes y derechos de estos y permitir a los proveedores promocionarse, entregando Falabella una respuesta dentro de 15 días.
En Julio fue el turno de otro grande. Cencosud, tras una disputa en la Fiscalía Nacional Económica, también fijó un protocolo. “Nos comprometemos a cancelar en un plazo máximo de un mes a nuestros proveedores, entendiendo a estos como aquellos que generen ventas anuales iguales o inferiores a 25 mil UF”, manifestó Gabriele Lothholz, gerente de asuntos corporativos de Cencosud.
A juicio de los empresarios socios del ClubPyme en Facebook, estos acuerdos en que las grandes empresas se comprometen a pagar a 30 días, no son suficientes para asegurar la cancelación de las facturas.
“Los acuerdos han funcionado muy mal. A nuestra empresa le deben más de tres meses, por más de un servicio”, dice Juan Fabrizio Soto.
No es suficiente
Efectivamente son sólo protocolos que las empresas hacen por buena voluntad o para mejorar su imagen corporativa, pero no hay ninguna ley que los obligue a cumplirlos.
Para solucionar este tema, en el Congreso se discute un proyecto de ley que establece normas que protegen a los proveedores frente a la posición dominante del retail.
Si bien el Ministro de Economía estima que una legislación sólo haría más difícil la relación entre grandes y chicos, los parlamentarios de la Comisión Pyme de la Cámara de Diputados, estiman necesario legalizar esta situación.
Postura que, según el diputado PPD Rodrigo González, presidente de la instancia legislativa, también comparten los grandes del retail. Claro que para ellos, es necesario incorporar modificaciones al texto legal que ingresó a la Comisión durante el 2007.
Una legislación flexible, eso que lo que piden las grandes empresas. “La postura de las firmas que nos visitaron en la comisión es que se incorpore a todo el sistema productivo en esta regulación y no sólo a firmas del retail”, aclaró González.
El Estado al debe
Juan Frabrizio agrega que su situación es aún más compleja, ya que las empresas del retail no son las únicas que le deben, “varias instituciones del Estado al mismo tiempo”, dice.
Este también es un tema pendiente. Desde el 1 de julio del 2006 que rige el instructivo presidencial que “obliga” a los ministerios a pagar sus compras dentro de 30 días. La única excepción es el Ministerio de Salud, el que posee 60 días para cancelar sus compras.
Según se indica en el texto, que reúne los logros del primer año de la Presidenta Michelle Bachelet, esta modalidad permite reducir el costo financiero de las micro y pequeñas empresa en unos US$7 millones.
Sin embargo, en agosto de 2007, ChileCompra, el organismo encargado de canalizar las compras públicas, reconoció que existían alrededor de 200 dependencias, especialmente en las áreas de salud y municipios, que no cancelan a tiempo a sus proveedores.
Frente a esta situación, el diputado del Partido por la Democracia (PPD), Eugenio Tuma, hizo un llamado al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, a ponerse al día con los pagos a las pequeñas empresas que entregan servicios a organismos públicos.
“En lo que va del año, y sólo en el sector hospitalario, se adeudan $27 mil millones al segmento”, afirmó el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
El parlamentario agregó que hay miles de pequeñas firmas que han cerrado sus puertas, porque han interrumpido su cadena de pagos. “Hay atraso promedios de más de 100 días en los municipios, en el sector de la construcción, en el Serviu y Obras Públicas”.
Iniciativas relevantes
Una propuesta interesante es la que hace la Asociación Gremial de Empresarias y Profesionales, AGEP, de la V Región. Desde ahí, la socia del ClubPyme, Patricia Alcaíno cuenta que le aconsejaron al intendente de la región, Luis Guastavino, la posibilidad de que un porcentaje de las compras públicas quede en la zona, para así hacer frente a la crisis.
“Por ejemplo, si la municipalidad de Valparaíso necesita uniformes para sus funcionarios, que un 30% de esa compra se haga en la región. Así descentralizamos y no todo se lo lleva Santiago. Sabemos que esto toma tiempo y depende mucho de la voluntad política”, dice Patricia.
Los pagos en las fechas correspondientes es el gran problema de muchas empresas. De aprobarse el Estatuto Pyme pronto, este tema será la nueva bandera de lucha de las pequeñas empresas.
